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Modernización de los DDFF: Derechos Civiles y Políticos

Mientras que el debate constitucional centra su atención en la consagración de los DDFF de segunda generación (o "Derechos Sociales"), sería erróneo sostener que se ha agotado el desarrollo posible de los Derechos Civiles y Políticos de primera generación, especialmente considerando la poco sistemática y deficiente tipificación de contenidos de nuestra Constitución actual, la que llega incluso al extremo de no contemplar DDFF tan esenciales como la presunción de inocencia. Esta modernización se hace especialmente necesaria con la ampliación del ámbito de aplicación de los DDFF derivada de la moderna concepción de "eficacia horizontal", a través de la cual estos no solamente pueden ser infringidos por órganos del Estado sino también por particulares, como ocurre en el procedimiento de tutela laboral de derechos fundamentales. Del mismo modo, los cambios que la sociedad ha experimentado en las ultimas décadas hacen cada vez más urgente una adecuada actualización, como es la extensión del derecho de privacidad a la protección de datos personales en un contexto digital actual en el que un nuevo enfoque resulta fundamental. Por esta razón, el presente documento propone una revisión completa de los Derechos Civiles y Políticos consagrados en nuestra Constitución, para la elaboración de un catálogo moderno y acotado que contemple contenidos acordes a los tiempos actuales, y mecanismos de tutela que permitan evitar meras declaraciones de principios o mandatos de buenas intenciones. Hoy, más que nunca, frente a los desafíos de la cuarta revolución industrial, los Derechos Civiles y Políticos constituyen las garantías más importantes para la vida en sociedad. DESCARGAR

Fortalecimiento constitucional de la Sociedad Civil

Nuestra Constitución actual contempla un reconocimiento a los "grupos intermedios" y les garantiza una adecuada "autonomía" para cumplir sus propios "fines específicos". Este reconocimiento escueto es a todas luces insuficiente. La posición secundaria a la que han sido relegadas las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en nuestro país no es una mera consecuencia de un sistema desarticulado que debe ser modernizado. Es consecuencia de una decisión política consciente. No basta un reconocimiento superficial a los "grupos intermedios" ni una mera declaración de respeto por parte del Estado a los "fines específicos" de cada uno de ellos. Resulta necesario un reconocimiento constitucional expreso de las OSC como actores relevantes en asuntos de interés público. De la misma forma, se hace insuficiente una mera "protección de su autonomía" cuando la Constitución debe ir mucho más allá, consagrando un mandato explícito al Estado en el sentido de entregar a las organizaciones sociales cada vez más recursos, atribuciones y protagonismo social. Este documento busca revisar las principales problemáticas que afectan a las OSC en Chile, concluyendo en la necesidad de avanzar hacia el fortalecimiento constitucional de la Sociedad Civil y dar paso a un nuevo trato a las organizaciones sociales por parte del Estado. Por esta razón, además de un reconocimiento expreso en la Constitución, proponemos la consagración de una Ley General de Transferencias de recursos y un Servicio Nacional de la Sociedad Civil autónomo y de rango constitucional. DESCARGAR

Revocación Presidencial, abriendo el debate

El excesivo fortalecimiento de la autoridad presidencial, derivado –entre otras cosas– de la inexistencia de mecanismos políticos para su remoción, puede resultar de enorme gravedad frente a una crisis de legitimidad. Al no consagrar algún mecanismo de confianza política, nuestra Constitución no permite canalizar los grandes conflictos político-sociales de manera institucional, por lo que históricamente éstos han encontrado como camino el quiebre institucional, con graves consecuencias para el país. La existencia de algún mecanismo de este tipo podría haber evitado, por ejemplo, el Golpe de Estado de 1973 (y la posterior Dictadura) al ofrecer una salida institucional a la grave crisis política, económica y social de ese momento. Incluso podría haber canalizado institucionalmente el conflicto social post octubre del 2019, derivando en el cese en el cargo del Presidente de la República o bien reafirmando su respaldo político y relegitimando su gobierno frente al estallido social. Sin intención de definir a priori el mecanismo más idóneo, este documento busca abrir el debate mediante una revisión de las diversas alternativas existentes en otros países, contemplando casos como el impeachment, la cuestión de confianza, las mociones de censura, el referéndum revocatorio y otros precedentes considerados relevantes. DESCARGAR