¡MÁS SOCIEDAD EN NUESTRA CONSTITUCIÓN!

Nuestra Constitución actual contempla un reconocimiento a los “grupos intermedios” y les garantiza una adecuada “autonomía” para cumplir sus propios “fines específicos”. Sin embargo, este superficial reconocimiento es insuficiente para una relación horizontal entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el Estado.

La posición secundaria a la que han sido relegadas las OSC en nuestro país no es una mera consecuencia de un sistema desarticulado que debe ser modernizado. Es una decisión política consciente derivada de la falta de un verdadero reconocimiento del Estado de Chile en su propia Constitución Política respecto de la relevancia de la Sociedad Civil para el desarrollo nacional.

“El siglo XX fue el siglo del fracaso de una batalla entre el Estado y el Mercado.
El siglo XXI será el siglo del triunfo de la Sociedad”

Propuestas constitucionales

I. FORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. Reconocimiento constitucional de las OSC, consagrándolas como actores relevantes de interés público y contemplando un deber expreso del Estado no limitado únicamente a respetar su autonomía y fines específicos sino que en el sentido de entregarles cada vez más recursos, atribuciones y protagonismo social.

2. Creación de un Servicio Nacional de la Sociedad Civil, autónomo y con rango constitucional, encargado de sostener las relaciones entre el Estado y las OSC de una manera horizontal, funcionando como ventanilla única para la constitución, modificación y disolución de organizaciones a través de un registro centralizado y transparente, así como también para la gestión de documentos, postulación a fondos públicos y mediación de conflictos internos.

3. Creación de una Ley General de Transferencias, consagrando el mandato de establecer una normativa general para la transferencia de recursos desde el Estado a las OSC con condiciones transparentes y homogéneas, contemplando mecanismos de continuidad presupuestaria para programas sociales permanentes y un cambio en la lógica de la fiscalización, desde un foco administrativo-contable a un foco en el cumplimiento de resultados esperados.

II. PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS DERECHOS SOCIALES

Frente a un debate constitucional en el que los derechos sociales serán parte fundamental de la discusión, debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo en el cual las Organizaciones de la Sociedad Civil sean reconocidas no como actores secundarios sino como protagonistas en el rol de satisfacer mínimos sociales garantizados para todos.

En este sentido, la Nueva Constitución deberá reconocer, consagrar y proteger el rol protagónico que corresponde a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en la cobertura de cada uno de los derechos sociales que sean contemplados en ella.

¿Qué son las OSC?

Las OSC se caracterizan por una existencia previa a la del Estado. Quienes conforman una OSC, de manera libre, establecen sus propios órganos de gobierno, sus fines y sus objetivos, así como la administración de los recursos necesarios para alcanzarlos. Si bien el Estado las reconoce (otorgándoles personalidad jurídica) y las regula (estableciendo normas mínimas de funcionamiento), estas no son creadas por el Estado sino por los ciudadanos que las conforman.

Las OSC se caracterizan por una existencia que no es transitoria. Es decir, no son el resultado de la mera reunión de personas en un momento y lugar, aun cuando se reúnan de manera regular. Las OSC proyectan su existencia en el tiempo, con una orgánica permanente establecida en sus estatutos, independiente de los individuos que la conforman en un momento determinado.

A diferencia de las organizaciones del Estado, las OSC son creadas de manera voluntaria. El principio de libertad de asociación es la piedra angular de su existencia, a través del cual nadie puede ser obligado a participar en una OSC ni tampoco obligado a permanecer en ella. Éste elemento las diferencia de las organizaciones estatales, en las que no existe tal libertad, toda vez que no es posible “desafiliarse” del Estado ni de sus organismos inferiores.

A diferencia de las organizaciones empresariales, las OSC no reparten utilidades. Los ciudadanos que forman parte de una OSC no son sus “dueños” (son socios, miembros, administradores, etc., pero no dueños) ni tienen derecho a recibir dividendos por las utilidades que se generan cada año. Por el contrario, de generarse utilidades en el balance anual, estos recursos deben ser reinvertidos en la misma organización y nunca retirados.

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