Propuestas constitucionales
I. FORTALECIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL
1. Reconocimiento constitucional de las OSC, consagrándolas como actores relevantes de interés público y contemplando un deber expreso del Estado no limitado únicamente a respetar su autonomía y fines específicos sino que en el sentido de entregarles cada vez más recursos, atribuciones y protagonismo social.
2. Creación de un Servicio Nacional de la Sociedad Civil, autónomo y con rango constitucional, encargado de sostener las relaciones entre el Estado y las OSC de una manera horizontal, funcionando como ventanilla única para la constitución, modificación y disolución de organizaciones a través de un registro centralizado y transparente, así como también para la gestión de documentos, postulación a fondos públicos y mediación de conflictos internos.
3. Creación de una Ley General de Transferencias, consagrando el mandato de establecer una normativa general para la transferencia de recursos desde el Estado a las OSC con condiciones transparentes y homogéneas, contemplando mecanismos de continuidad presupuestaria para programas sociales permanentes y un cambio en la lógica de la fiscalización, desde un foco administrativo-contable a un foco en el cumplimiento de resultados esperados.
II. PROTAGONISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS DERECHOS SOCIALES
Frente a un debate constitucional en el que los derechos sociales serán parte fundamental de la discusión, debemos avanzar hacia un modelo de desarrollo en el cual las Organizaciones de la Sociedad Civil sean reconocidas no como actores secundarios sino como protagonistas en el rol de satisfacer mínimos sociales garantizados para todos.
En este sentido, la Nueva Constitución deberá reconocer, consagrar y proteger el rol protagónico que corresponde a las organizaciones sociales y a la sociedad civil en la cobertura de cada uno de los derechos sociales que sean contemplados en ella.