I. Reconocimiento constitucional de las OSC, consagrándolas como actores relevantes de interés público y contemplando un deber expreso del Estado no limitado únicamente a respetar su autonomía y fines específicos sino que además, y en el sentido de promover su existencia, entregarles cada vez más recursos, atribuciones y protagonismo social.

II. Creación de un Servicio Nacional de la Sociedad Civil encargado de sostener las relaciones entre el Estado y las OSC de una manera horizontal, funcionando como ventanilla única para la constitución, modificación y disolución de organizaciones a través de un registro centralizado y transparente, así como también para la gestión de documentos, postulación a fondos públicos y mediación de conflictos internos.

III. Creación de una Ley General de Transferencias, que establezca una normativa general para la transferencia de recursos desde el Estado a las OSC con condiciones claras y equitativas, contemplando mecanismos de continuidad presupuestaria para programas sociales permanentes y un cambio en la lógica de la fiscalización, desde un foco administrativo-contable a un foco en el cumplimiento de resultados esperados.

IV. Creación de una Ley General de Donaciones, que establezca un marco legal integrado para las donaciones de personas y organizaciones privadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo un procedimiento general con condiciones uniformes y criterios de beneficio público claros para determinar la elegibilidad de las organizaciones autorizadas para recibir estas donaciones. Además, esta ley debiera entregar condiciones de transparencia que permitan resguardar y fortalecer la confianza en el sistema.