Visto ya que la pretensión de “gratuidad universal” del Gobierno es regresiva e impracticable, ha comenzado a escucharse la idea de un impuesto al graduado aplicable a los jóvenes que hayan finalizado sus estudios con asistencia estatal, iniciativa que ha sido reiteradamente rechazada por países que ya la han discutido (como el caso de Inglaterra u Holanda).

La idea vulnera elementos de justicia que no pueden ignorarse: un egresado de altos ingresos pagará un impuesto que otra persona con los mismos ingresos pero que no pasó por la universidad no pagará; pagará el estudiante que estudie en Chile y no lo hará quien pueda costear sus estudios en el extranjero; pagarán más las personas que decidan estudiar las carreras de mayor complejidad, segregando aún más el desarrollo de capital humano avanzado a los sectores más acomodados.

Y lo más preocupante de la lógica de este impuesto es que nos somete a un círculo de completa dependencia estatal, colocando al estado por sobre toda decisión relacionada con la educación superior.Esta política, en vez de propender a la emancipación y autodeterminación de las familias, las condena al eterno asistencialismo estatal y a una completa dependencia de los políticos de turno. Esta es la “gratuidad” que pide ciegamente la dirigencia de la CONFECH, la gratuidad que nos saldrá más cara.

 

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