Gremialismo y su postura universitaria

El gremialismo es una corriente de pensamiento que sostiene que todo recto ordenamiento social debe basarse en que las sociedades intermedias entre la persona y el estado, libremente generadas y conducidas por sus integrantes, cumplan con la finalidad propia y específica de cada una de ellas. Esta máxima se aplica a las universidades, pero también a todas las demás organizaciones que se sitúan entre la persona y el estado.

De esta forma, el gremialismo se estructura sobre la base del concepto de “sociedades intermedias”. Éstas se sitúan entre la familia, a la que considera como la célula más básica de toda Sociedad, y el estado, al que considera la más elevada forma de agrupación humana. Dentro de este concepto de sociedades intermedias se distinguen dos géneros: por un lado aquellas de “carácter político” (como un partido político o un centro de estudios) y por otro lado “todas las restantes”.

La esencia del gremialismo consiste en rechazar toda clase de instrumentalización (en especial la politización) respecto de las sociedades intermedias no políticas. Además, la finalidad propia y específica de estas organizaciones emana de su propia naturaleza y es determinable objetivamente, sin necesidad de recurrir a doctrina política alguna.

De lo anterior derivan los dos principios centrales de esta corriente de pensamiento: El principio de autonomías sociales, conforme al cual toda sociedad intermedia es por naturaleza apta para alcanzar por sí misma su finalidad propia y tiene el derecho de procurar libremente la obtención de su objetivo; y el principio de subsidiariedad, según el cual ninguna organización mayor puede asumir legítimamente el campo de atribuciones o de acción de una sociedad menor, porque las mayores nacen para realizar lo que las inferiores no pueden lograr por sí mismas, más no para absorber a estas últimas. Por esta razón, el campo legítimo de acción del estado (así como también de una sociedad intermedia) comienza donde termina la esfera posible de acción adecuada de las sociedades intermedias menores o de las personas.

Al permitir discrepancia entre quienes lo profesan, respecto de todas las materias no comprendidas en su contenido mínimo, esta corriente permite hacer confluir en lo gremial a personas que en materia política tienen divergencias entre sí. De esta forma, sus fundamentos doctrinarios sólo excluyen a aquellas ideologías de carácter totalitario que sustentan la primacía absoluta del estado, así como a aquellas ideologías cuyo estatismo extremo niega o vulnera el principio de subsidiariedad.Además, tanto las ideologías y las doctrinas -como los partidos políticos que las sustentan- han de situar su acción a nivel de la conducción del estado y no en las sociedades intermedias, las que deben ser resguardadas de los intentos de los grupos políticos que tienden por instrumentalizarlas y desviarlas de sus fines naturales. Por esta razón, pese que el gremialismo determina con bastante precisión cuáles deben ser las funciones del estado, no se define a sí mismo como una ideología o doctrina política, sino como una corriente de pensamiento que contiene ciertos mínimos comunes que pueden ser compartidos por distintas ideologías.

El gremialismo nace a mediados de la década de los 60 y se desarrolla como un rechazo a la instrumentalización política de las organizaciones gremiales estudiantiles y de las universidades en general durante aquella época. Esta politización habría llegado a sus máximos niveles en los años previos a 1973, período en que casi la totalidad de las agrupaciones sindicales y estudiantiles eran controladas por los partidos políticos, hasta el punto en que las decisiones sobre el destino de cada gremio no se adoptaban en su propio seno sino que venían decididas desde el partido que lo controlaba.

Por lo anterior, éste se compromete “pública y oficialmente” con el golpe militar ocurrido en Chile el 11 de Septiembre de 1973, hecho que considera como la culminación de una larga lucha contra el proyecto totalitario comunista y que constituye “uno de sus motivos de más legítimo orgullo”.

Mientras que por un lado declara que no puede adherir oficialmente a la dictadura militar, ya que la acción de ésta se mueve en el plano político de la conducción del estado, por otro lado afirma, aun hasta el día de hoy, que su compromiso con el  golpe de estado no pudo sino llevarlo a “defender la estabilidad del gobierno militar”. No sólo considera que contribuye con ello a custodiar el triunfo histórico del cual fue partícipe, sino que además de esta manera cumple con su obligación de “impedir que éste fuese revertido por el marxismo internacional”.

Este compromiso con la dictadura lo llevó a justificar la intervención del gobierno en la autonomía de las universidades, aceptando incluso que tanto las autoridades académicas como los representantes estudiantiles fueran designados por el régimen. Pese a que esta intervención es justificada por el gremialismo como una “excepcional y transitoria medida de saneamiento”, sólo en la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre 1974 y 1985, hubo 11 federaciones de estudiantes con presidentes gremialistas designados por la dictadura militar.

Hoy esta corriente de pensamiento es difundida y preservada por la Fundación Jaime Guzmán a modo de testimonio de vida y proyecto del asesinado senador. Esta fundación asume como tarea alentar y fomentar la creación de Movimientos Gremiales en los diversos cuerpos intermedios dando consejo en la medida que éstos lo soliciten, cuidando no vulnerar la autonomía de aquellos.

El gremialismo es adoptado, además, por la Unión Demócrata Independiente en su declaración de principios, por lo que todo militante de ese partido estaría obligado a ser gremialista en los cuerpos intermedios en que participe; pero, a la inversa, ningún gremialista estaría obligado a pertenecer a la UDI.

La universidad, como todo cuerpo intermedio, tiene una finalidad propia y específica independiente de toda doctrina o ideología política. Ésta es la formación intelectual y moral de la persona realizada desde un punto de vista científico. En otras palabras, el fin de la universidad es la búsqueda de la verdad. Cada disciplina tiene sus propios métodos para descubrir y comunicar la verdad que persigue. En ese contexto, la universidad cumple su finalidad propia, fundamentalmente, a través de la docencia, la investigación y la extensión.

Tanto las ciencias naturales como las sociales tienen por objeto de estudio el mundo en que vivimos, en un constante esfuerzo por comprenderlo y mejorarlo. Sin embargo, a raíz de ello, a la universidad no le corresponde pronunciarse sobre cuál de las distintas alternativas de acción resulta más conveniente o deseable para el país. Esto es precisamente la misión propia de los gobiernos, de los movimientos y partidos políticos, según sea el caso. A la universidad le toca ofrecer distintas posibilidades científicas, pero no le toca abanderizarse con ninguna de esas alternativas. La idea de fondo radica en que una universidad siempre crítica no es compatible con una postura siempre comprometida.

Ello no significa que los estudiantes, funcionarios o académicos, en cuanto personas, no deban sustentar determinada doctrina o ideología política, ni que la universidad no deba acoger en su sede los debates más candentes de la vida nacional. El apoliticismo del gremialismo no es una cuestión de personas o de lugar, sino un asunto de función institucional. Es la universidad como institución la que no debe adherir o discriminar en favor o en contra de tal o cual gobierno, ideología o partido político; así como tampoco deben hacerlo ni sus unidades académicas parciales (facultades, escuelas, institutos, etc.), medios de comunicación social (tv, radio, etc.) o sus organismos gremiales (federación de estudiantes, centros de alumnos, sindicatos, asociaciones de académicos, etc.).

Son las mismas respecto de las cuales podría legítimamente pronunciarse la universidad como institución, y pueden sintetizarse en tres grupos:

1.-  Pronunciamientos de carácter puramente científico.

2.- Materias que tocan directamente a la universidad, tales como su autonomía, su financiamiento, su estructura interna de gobierno, etc.

3.- La defensa y promoción de la dignidad humana y de los principios gremialistas, ya que, según el gremialismo, esto forma parte del derecho y deber de toda sociedad intermedia.

Esta corriente, además, dota de contenido esa dignidad humana a través de una concepción de la persona dotada de un alma inmortal destinada a la trascendencia más allá de la muerte.

Al establecerse como materia de pronunciamiento legítimo de todas las sociedades intermedias la defensa de la dignidad humana, independiente de la institución de la que se trate, no resulta conflictivo que los Movimientos Gremiales o Centros de Alumnos gremialistas se pronuncien, por ejemplo, respecto de materias valóricas como el aborto y el matrimonio igualitario.

El folleto naranja manifiesta un rechazo a la gratuidad, indicando que genera comodidad y nuevas y más injustas desigualdades, sin desarrollar mayormente el punto. En cambio, defiende la promoción de la movilidad sobre la base del esfuerzo personal, asistido mediante créditos, becas y atención personalizada.

Adicionalmente, entiende que las universidades tienen derecho a recibir aportes de los contribuyentes, ya sea mediante redistribución de tributos en los presupuestos nacionales o mediante aportaciones específicas. Además, considera conveniente que en un porcentaje importante las universidades puedan competir por tales recursos, de acuerdo a sus niveles de excelencia y a sus proyectos específicos.

Corresponde a las familias contribuir directamente al financiamiento de los estudios de sus hijos, aunque en muchos casos ese aporte sea sólo una parte menor de los costos efectivos de las carreras, los que en gran medida deben ser solventados por las propias universidades –también con ayuda estatal– mediante becas o créditos para los alumnos que lo necesiten.

Desde un punto de vista gremialista, toda institución que genera un impacto positivo en la Sociedad posee un rol público y un compromiso con el bien común. Este impacto se realiza de forma concreta al ejercer las actividades que le son propias y específicas. En este sentido, toda universidad que cumpla con sus fines propios y particulares tiene una función pública.

Esto es precisamente lo desarrollado por el tercer principio del gremialismo: el principio de solidaridad. Según este principio todos se sienten responsables de todos y, para practicarlo, cada sociedad intermedia debe ser fiel a su propia naturaleza y fines, desplegando su ayuda solidaria desde ellos. En el mismo sentido, un cuarto principio, el principio de totalidad, afirma que cada cuerpo intermedio no tiene sentido sino como parte de un todo que busca el bien común, del mismo modo en que un órgano del cuerpo, por ejemplo el corazón, debe cumplir su función para permitir el funcionamiento del organismo en su totalidad, pues de nada sirve que trabajen los pulmones si el corazón no cumple su función.

Por esta razón, la función pública de una universidad no se define por que su propiedad sea estatal o privada, por su forma de financiamiento o por su estructura organizacional interna, sino que viene dada por la prestación de una adecuada docencia en la formación de personas, una investigación de alto nivel y una extensión al servicio de la Sociedad.

Desde esta corriente, la universidad es comprendida como una institución eminentemente jerárquica. En ella conviven dos estamentos diferenciados: Los profesores o académicos que concurren a ella fundamentalmente a enseñar e investigar; y los alumnos, que van fundamentalmente a aprender y a formarse. La condición de estudiante está dada por una relativa insuficiencia de conocimientos académicos que éste procura superar a través del estudio. El que va a la universidad a buscar un determinado grado académico no puede estar a la altura de determinar los modos en que ese grado debe obtenerse.

En función de lo anterior, el gremialismo distingue dos rubros:

1. Materias no académicas. Aquí caben todas las áreas que no forman parte propiamente del quehacer universitario, pero que lo complementan (ej. régimen administrativo, bienestar estudiantil, deporte y recreación, etc.). En estas materias el estamento estudiantil puede tener una participación decisoria, sea minoritaria, paritaria, mayoritaria e incluso total, según sea el caso. No habría en este punto un problema de principios. Estas competencias deben resolverse prudencialmente para cada situación, atendiendo las circunstancias. 

2. Materias académicas. Son aquellas constituidas específicamente por la docencia y la investigación, en cuanto a su contenido, metodología, prioridades, evaluación, etc. El gobierno de estas materias corresponde al estamento académico. Sólo como medio de oficializar la fijación del criterio estudiantil en estas materias puede contemplarse el derecho a un menor número de votos del estamento estudiantil, entendiendo que al ser numéricamente irrelevantes no implican realmente cogobierno.

En concordancia con la anterior clasificación de materias, se postula una adecuada representación estudiantil en todos los cuerpos colegiados de la universidad con derecho a voz en todas las materias sin excepción, pero con derecho a voto sólo en las materias no académicas y, adicionalmente, sólo de manera excepcional y simbólica, en materias académicas.

El gremialismo distingue la participación estudiantil en órganos colegiados (“cogobierno”) de la participación estudiantil en la elección de autoridades universitarias. Los fundamentos para no atribuir a los estudiantes competencias de gobierno o cogobierno en materias académicas no se aplican de igual modo a la hora de escoger a las autoridades que hayan de gobernar la universidad, de modo que se está escogiendo de entre personas que ya cumplen con los requisitos necesarios para el ejercicio idóneo de la función pertinente. Por esta razón, la participación estudiantil con derecho a voto en este ámbito es permitida.

De esta forma, el hecho de establecerse o no la participación estudiantil en la generación de autoridades académicas debe entenderse como algo prudencial y no un asunto de principios generales. En todo caso, de consagrarse la participación del estamento estudiantil en esta materia, la ponderación de su voto debe ser siempre claramente menor que la del estamento académico.