Gran revuelo causo entre algunos grupos conservadores el lanzamiento del libro de educación sexual, “100 preguntas sobre sexualidad adolescente”, el cual en coordinación con la Municipalidad de Santiago será distribuido entre los distintos establecimientos de la comuna. ¿Cuál es el problema? El libro contiene un novedoso contenido —novedoso para lo retrógrado que es nuestro país en estas materias— que incluye recomendaciones para el sexo anal, sexo oral, la masturbación e incluso, sobre las propiedades del semen para un eventual uso cosmético.

Como era de esperarse el libro polarizo opiniones, viéndose por un lado un gran apoyo entre liberales y progresistas y, por otro, un tajante rechazo entre conservadores, pero pocos han mencionado el tema de fondo ¿A quién corresponde aprobar o rechazar este y otros contenidos educativos?

Mucho se habla, sobre todo entre conservadores, del derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Bueno, esta es la oportunidad para defender este derecho que a ellos pertenece.

No corresponde ni al Ministerio de Educación ni al municipio ni a ningún otro ente decidir sobre estas y otras materias educativas, sino a las propias familias quienes deben tener la libertad de escoger entre diversos proyectos educativos desarrollados en la más completa libertad. Pero hay otra situación a la que se puede llegar si se hila aún más fino ¿Pueden las familias de escasos recursos optar por no llevar a sus hijos a escuelas municipales al rechazar contenidos educativos como este? Porque según entiendo, este libro será distribuido en todas las escuelas municipales de la comuna, pareciendo no haber escapatoria para quienes decidan legítimamente una formación más conservadora para sus hijos.

La solución que imagino es la descentralización, dar mayor autonomía a la comunidad escolar para decidir temas como este o el carácter mixto del establecimiento, a propósito de la discusión que también se dio en el Instituto Nacional.

Típicos conflictos sobre materias educacionales; como la educación sexual más o menos abierta que comento aquí, o la reducción de las horas de historia y filosofía, o la implementación de clases de educación cívica o educación financiera como se ha mencionado en otras oportunidades; se solucionarían descentralizando el poder educativo y entregándoselo a la comunidad de padres, educadores y estudiantes, quienes conociendo mejor su propia realidad de seguro construirán una mejor educación que la que puedan pensar un grupo cerrado de políticos del poder central.

Me gustaría aclarar aún más lo que he estado diciendo, aunque quizá el lector ya lo ha intuido, pero cuando hablo de descentralizar el poder educativo a lo que me refiero es a la privatización completa del sistema, privatizar los establecimientos y, sobre todo, liberar sus contenidos educativos de la injerencia estatal, para que sea la comunidad escolar la que decida que asignaturas, cuantas horas y como impartirlas. ¿Por qué no?

 

PUBLICADO EN: El Demócrata / Mercurio Valparaíso